El aguacate es un cultivo estratégico para México, que no solo representa un pilar económico fundamental, sino que también tiene un impacto social y ambiental considerable. La expansión de la superficie sembrada, que aumentó en un 157.8% entre 2000 y 2020, refleja la creciente demanda internacional y la consolidación de México como principal productor y exportador mundial. Este crecimiento ha impulsado el Producto Interno Bruto (PIB) generado por el aguacate, alcanzando 42 mil millones de pesos en 2022, con Michoacán como líder en producción y estados como Veracruz emergiendo como actores importantes en la producción de la variedad Hass, la más demandada en el mercado global (Lobato-Peralta et al. 2021).
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El aguacate ha transformado comunidades rurales, generando empleo, mejorando infraestructura y dinamizando la economía local. Sin embargo, este auge también ha traído retos fitosanitarios críticos. Plagas como la palomilla barrenadora (Stenoma catenifer), la escama de San José (Quadraspidiotus perniciosus) y la mosca del aguacate (Anastrepha spp.) pueden causar pérdidas de hasta el 90% si no se manejan adecuadamente, afectando la rentabilidad y la seguridad alimentaria (Adenuga et al. 2020).
Además, la rápida expansión del cultivo ha generado impactos ambientales significativos. La conversión de bosques en huertas de aguacate ha fragmentado ecosistemas y reducido la biodiversidad, mientras que el uso intensivo de agua y agroquímicos ha contribuido a la degradación del suelo y contaminación de acuíferos. Socialmente, aunque ha mejorado el bienestar material de muchas familias, también ha provocado problemas como inseguridad y cambios en los patrones alimentarios, asociados al aumento del flujo económico y la llegada de nuevos actores a las comunidades rurales (Lobato-Peralta et al. 2021).
Para alcanzar un desarrollo sostenible en el sector aguacatero, es necesario equilibrar el crecimiento económico con la conservación ambiental y social. Esto implica fortalecer la regulación del uso del suelo, promover prácticas agrícolas sostenibles como la agroforestería, mejorar la asesoría técnica y acceso a financiamiento para productores, y aplicar un manejo integrado de plagas que minimice el uso de químicos peligrosos. Estas acciones permitirán que el aguacate continúe siendo un motor de desarrollo rural sin comprometer la salud de los ecosistemas ni la calidad de vida de las comunidades productoras (Adenuga et al. 2020).